Gobierno y Justicia: ¿ Cuándo y quién comenzó a tensar la cuerda?

Situación de tensión (así se la califica) de poderes de la provincia tras severo intercambio de opiniones. Celebremos el debate. El silencio en algunos temas es importante desdicha en provincia henchida de posibilidades.

La memoria debe jugar un papel. El presente, fugaz instante entre recuerdos y proyectos requiere memoria y proyecto si no queremos ser recién nacidos o eventuales suicidas.

Hechos, algunos anteriores a 1983, que conforman la situación moral e institucional del Poder Judicial;

a) 1966. Dictadura de Onganía induce nueva modalidad para degradación ética de integrantes del Poder Judicial: llama leyes a meros bandos del poder fáctico y obliga a la jura, por encima de la Constitución, de un estatuto la proclama de la llamada Revolución Argentina- para todo nuevo integrante de la judicatura. La dimensión de esta herida moral no podrá ser mensurada...

b) 1968. Grupo de ciudadanos quisimos rendir en Rosario- homenaje al cincuentenario de la Reforma Universitaria. Prohibido por sicarios provinciales de la dictadura, recurso de amparo concedido por juez ejemplar (Juan Carlos Gardella) logra protección jurisdiccional. El acto impedido por represión brutal que incluyó al propio juez. Su magnitud deriva en acto de repudio también prohibido pero autorizado por el juez Armando Frávega-; represión y decreto de Onganía, que interviene Poder Judicial provincial con delegado del ejecutivo de facto, Dr. Saráchaga. Los arbitrios deprimentes de aquella intervención exceden este escrito. Más recordemos nueva herida moral a la Justicia santafesina con una intervención que decretó cesantía de dignos jueces: integrantes de la Corte, Sala, Pérez Martín, Rodríguez Sager, Sánchez Almeyra, Sanguinetti, Giavedonni. que el menos tuvieron coraje ético para respaldar a los jueces cesantes (Gardella, Frávega, Basualdo, Belloti de Podestá). El resto fue silencio. Sabemos su significado en determinados momentos.

c) 1976. Quiebra del orden constitucional repite humillación: jueces, obligados a jurar por el Estatuto del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Acto degradante de consecuencias morales no mensurables.

d) 1983. Vuelta a la Constitución abre esperanzas apagadas rápidamente. El casi desconocido José María Vernet se consagra en discutidos comicios como gobernador. Secreto a voces por entonces que poderosa influencia de Unión Obrera Metalúrgica había sido determinante de su candidatura y consagración. Momento de pagar facturas. El jefe sindical de turno y del estudio jurídico que le respondía estudio de Rosario, el nombre de cuyo titular nadie ignora- montó estructura del “nuevo” Poder Judicial. Estaba tan deteriorado que no fue necesario transformarlo mucho, más acuerdos legislativos que se brindaron generosos, contaron con la anuencia -y un canónico reparto- de la mayoría.

e) La Corte fue integrada por personalidades de distintos niveles. Pocos debieran olvidarse de pintoresco presidente que mientras ejercía la elevada jerarquía se entretenía en algún acto público entonando la conocida y pegadiza marcha partidaria. Obvio señalar, no fue su peor pecado. Tampoco el único impresentable.

f) No nos detenemos en distintas nominaciones a nivel de Corte, camaristas y fiscales. En ocasiones, vergüenza es el sentimiento dominante.

g) Aún el arribo de Reutemann supuesto aire fresco para la administración- concluyó mal. Acuerdos políticos siguieron pagando favores de internas partidarias con cargos de jerarquía, hasta llegar a dos designaciones en la propia Corte acuerdo del gobernador y el jefe de la supuesta oposición- cuando Reutemann (que tenía y tiene pariente directo en la Corte) designó a su abogado y Usandizaga a un amigo. Incontenible verba del ex intendente de Rosario no pudo con su genio y dijo en confesión digna de “menemismo explícito” “es bueno poder designar jueces y si son amigos, mejor”.

h) En tanto, buena parte del Poder Judicial se entretenía o se distraía- en memorables prescripciones que hicieron de la impunidad una norma. Y la pirueta procesal que posibilitó que el máximo responsable de la administración ni siquiera sea citado a declarar ni por las muertes de 2001 ni ante la mayor tragedia humana y física padecida por la ciudad. No abro juicio sobre responsabilidades penales, más la marginación en las causas es demostrativa de las vinculaciones político/judiciales que ahora (con brutal desparpajo) opacos funcionarios de la época niegan.

i) Como legislador provincial me ocupé de las condiciones carcelarias. Verifiqué, entre otros despropósitos, que la Justicia penal en Argentina en especial en Santa Fe- sólo parece existir para los pobres.

j) Cuando en el caso Fraticelli, la Corte Nacional, determina violación de garantías constitucionales, no hace otra cosa que repetir lo que académicos, abogados, legisladores, etc. venían señalando a la provincia desde hacía años. Que la Corte provincial (en la integración de ese momento y la honrosa excepción de quien acompañara el criterio de la Corte Nacional, quedan pues al margen los Dres. Erbetta y Gastaldi) legitimara la subsistencia de un sistema violatorio de garantías constitucionales, la hace responsable de mora institucional y sus pavorosas consecuencias. Decir esto no es afectar la independencia de los poderes, es decir una verdad y como diría el poeta “la verdad no es ni buena ni mala, sucede que no tiene remedio”.

He querido referirme la lista podría ser ampliada- a circunstancias determinantes de la lamentable postración del Poder Judicial. Ellas justifican el asombro y la perplejidad que provoca la irrupción declarativa del Colegio de Magistrados, instituto si lo hay- destacado por su silencio frente a todas las tropelías descriptas y muchas otras.

Denostar a un Poder Ejecutivo que no ha cumplido dos años de ejercicio no parece juicio equilibrado, mucho menos, desprovisto de intencionalidad política.

¿De qué se queja el Colegio? ¿Es malo que el gobernador limite sus facultades para designación de jueces? ¿Reniega que se procure un sistema de compulsa para designación de magistrados que valore independencia y capacidad? ¿Es contrario a la reforma procesal penal que abandone la Santa Fe del medioevo y cumpla pactos internacionales a los que la Nación se ha comprometido? ¿Ignora que estos cambios avanzan con tremendo esfuerzo presupuestario que supera increíbles límites económicos a los que Santa Fe es condenada por arbitrariedades de poder central absorbente y oposición local irresponsable? ¿El silencio mantenido frente a tanta tropelía durante más de cuarenta años no debería imponer límites morales para denostar a una administración que con aciertos y errores ¿qué duda cabe?- se ha orientado a transformaciones para un Poder Judicial independiente y jerarquizado, que lejos estuvieron de intentarse en tiempo pasados, cuando un obsecuente silencio campeaba por doquier? Ese Colegio tiene derecho a opinar en ámbito de sus incumbencias pero aparecer en estos momentos y en esta forma cuando no se conocen aportes efectivos y concretos para la mejora de aspectos que en su óptica denuncia- y mientras la opacidad y la indefinición han sido su constante estilo, no parece deberse a supuestas razones institucionales que invocan sino a crudas defensas corporativas del peor origen. ¿O el Colegio ignora que la reforma penal santafesina se vio postergada durante años por fuertes presiones, entre otras, de magistrados de ese fuero?

La responsabilidad por la decadencia institucional del Poder Judicial no corresponde en exclusividad al mismo. Concurrieron gravísimas decisiones de otros poderes: ejecutivos de facto y constitucionales, líderes de oficialismo y líderes de una supuesta oposición, Legislaturas que no estuvieron a la altura de su deber. Pero todo esto que no es malo que se debata y es mejor que se conozca- no excluye a los integrantes del Poder, comenzando por los que componen sus más jerarquizados niveles.

Frente a esto, las expresiones del gobernador, son claro reflejo de indignación ante la hipocresía institucionalizada y su visión se vincula fundamentalmente a un reproche ético que está en todo el derecho de ejercer y que debiera presidir todo razonamiento que se encamine a la construcción de un futuro.

La realidad indica que la tensión y la decadencia- comenzó hace más de cuarenta años. El tema es quién comenzó, quiénes fueron los cómplices de ello y cómo se termina. Eso es lo que hay que discutir en lugar de rasgarse las vestiduras.

Ángel M. D’Ambrosio
Integrante del Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe. Ex diputado de la Nación. Ex diputado de la provincia.